Paraguay: La justicia no se anima a investigar a los empleados y “matones” de Blas N. Riquelme

7 07 2012

Santiago Martínez, concejal municipal de Curuguaty así lo señala refiriéndose al proceso de investigación después de los hechos acontecidos el pasado 15 de junio durante el operativo desalojo de campesinos que desembocó en la matanza de 17 personas de las tierras Campos Morombi que supuestamente pertenece al empresario y dirigente del Partido Colorado Blas. N. Riquelme.

Se habla de la dictadura parlamentaria pero muy poco se refieren a la dictadura del poder judicial. Las causas de todo lo acontecido en el trágico suceso en Curuguaty es el Poder Judicial que hasta ahora sigue defendiendo a los delincuentes, ladrones de tierras malahabidas y a lo delincuentes ecológicos, dijo Martínez durante el programa REDPUBLICA emitido por Radio Nacional del Paraguay

Según el concejal de Curuguaty, el dirigente colorado Blas N. Riquelme, un empresario que ha amasado fortuna en la dictadura Stronista, está tratando impedir la mensura judicial de la finca madre, medida por la cual se podrá saber el origen de sus tierras que hasta momento se desconoce la extensión exacta. “Este es el tema principal esta queriendo defender sus tierras mal habida”, puntualizó.

Martínez siguió diciendo que bien se conoce y la población sabe de los departamentos de Canindeyú, Alto Para y Caaguazú que abarca su propiedad de que él (Blas N. Riquelme) tiene matones armados muchos de ellos prófugos de la justicia.

Nosotros desde el comienzo afirmamos, dijo, que los infiltrados en la matanza realmente fueron los matones de Blas N. Riquelme, hacía allí debería apuntar la investigación, significó. Mencionó además que la fiscalía no se anima a investigar quiénes son los empleados del empresario colorado, quiénes están trabajando como capataces y como matones.

Hay antecedentes de personas ejecutadas por ir de cacerías en esos lugares, de indígenas desalojados, etc. El ministerio público solo se limita a perseguir a los sectores campesinos incluso con el apoyo de la prensa, indicó Martínez. Se tiene más de 50 imputados con orden de captura con una expectativa de prisión de hasta 30 años de cárcel. Los campesinos están siendo inculpados de homicidios, de invasión, de daño etc. Y el numero de procesados seguirá aumentando sostiene el concejal de Curuguaty al tiempo de calificar de absurda la actuación fiscal al imputar a los sospechosos por la misma causa.

“Es como si fuera que los 46 imputados y 12 detenidos hayan disparados a los 6 policías muertos al mismo tiempo. Es absurda la pretensión de la fiscalía de involucrar en el mismo nivel a todos los que estuvieron en el asentamiento”, dijo.

Se tiene casos concretos de campesinos privados de libertad por el simple hecho de haber preguntado por los heridos. Los campesinos fueron arrestados en el Hospital de Curuguaty con muchos testigos y en el parte policial figura que fueron aprehendidos en el campo, es una grosera mentira señaló el concejal.

Por otra parte Santiago Martínez sostiene que en actualmente hay una cacería hacia las organizaciones sociales con la intención de destruir la armonía que había en el departamento de Canindeyú. Se está queriendo involucrar a gente inocentemente con el fin de desmantelar.

Aseguró que el hecho tiene consecuencias negativas en Canindeyú donde se venía trabajando coordinadamente entre las organizaciones sociales, campesinas por medio de un Frente Social y las instituciones públicas, sean locales, departamentales y nacionales.

Esta tarea se truncó con el trágico hecho acontecido en Campos Morumbi con la matanza de campesinos y policías. Se destruyó el proceso de participación de las organizaciones populares en la cuestión de la cosa pública, puntualizó.

Dijo que las consecuencias son muy negativas en el sentido de que hay ahora una persecución enorme hacia las organizaciones sociales, tratando de involucrar a sus principales dirigentes en estos hechos. Se dan ordenes de detención para mas de 50 personas, con expectativas de cárcel de hasta 30 años de cárcel, Apresamiento de personas con antecedentes de hace 15 años atrás, etc.

Señaló también que se reúnen con delegaciones de la Vía Campesina, con Médicos del Mundo, la comisión de familiares victimas todo esto con la intensión de que las organizaciones internacionales acompañen y apoyen el resarcimiento de la justicia en el departamento de Canindeyú.

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