IGLESIA EXIGE URGENTE ACLARACIÓN DE LOS SUCESOS CRIMINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

5 05 2013

Carta abiertaLa Diócesis de Concepción envió una atenta nota el pasado 29 de abril del corriente año al Fiscal General del Estado Javier Díaz Verón en la cual, los obispos, sacerdotes y laicos, expresan una profunda preocupación por los hechos criminales que desde hace mucho tiempo afectan a los pobladores, en especial a los dirigentes campesinos.

En el documento creen que las causas principales de los hechos pueden apuntarse a una doble visión de país, de desarrollo y justicia. “Está la visión capitalista, que es prácticamente nacional, que respaldan el gobierno y sus instituciones, por una parte y luego la visión de carácter más social, que mira la suerte del campesinado y del pobre en general”, dice textualmente la nota.

Más abajo se indica que todos los planes del Gobierno apoyan y responden a las grandes explotaciones de terreno y recursos del país, sin mayores compromisos con el desarrollo integral de sus habitantes.

Los firmantes de la nota manifiestan además que los impuestos principalmente salen de los sectores económicamente pobres. Señalan que los sojeros no aportan o muy poco favorecen al fisco. “Una sabia administración debe recaudar recursos de los que más sacan de sus explotaciones, lo que no sucede en nuestro país”, puntualizan.

Mencionan literalmente que “con el auge de la sojización que se expande sin ningún respeto a las leyes ambientales que la rigen, los sojeros están expulsando a los campesinos de sus espacios habituales de trabajo en la agricultura familiar y estos expulsados va a las ciudades a formar el cinturón de pobreza y miseria, de donde nacen la inseguridad social y a la amenaza a la sociedad.”

A la diócesis de Concepción le indigna sobremanera la negligencia, apatía o desinterés total e incluso (pareciera), mala fe que muestran fiscales y policías, en los procedimientos de investigación de los sucesos criminales para castigar a los culpables.Carta abierta 2

Enumeran varios hechos, como por ejemplo, el caso del joven Agustín Ledesma, ultimado en la calle 18 del asentamiento Arroyito el 11 de abril de 2012.El muchacho era discapacitado (sordomudo) y la policía del lugar, responsable de su asesinato, adujo que era miembro del E.P.P. Incluso, después de muerto, le plantó una pistola en la mano, para presentarlo a la prensa sabiendo que el joven Agustín Ledesma apenas sabía manejar la folklórica ondita. Toda la comunidad pidió el encarcelamiento y la baja deshonrosa de los policías responsables, así como la indemnización a la familia de la víctima. Hasta hoy los familiares nada recibieron y los policías implicados andan libres y trabajando como uniformados.

También mencionan el caso de Benjamín “Toto” Lezcano, acribillado en su casa el 19 de febrero del presente año. La Policía distante de su domicilio a tan solo tres kilómetros, llegó al lugar en dos horas. En la nota significan que la fiscala Dora Irrazábal, responsable de la investigación, declaró públicamente que el asesinato, como el de Lezcano, era algo cotidiano en Arroyito, mientras que el jefe de Policía de Concepción, Antonio Gamarra, afirmaba que era obra del E.P.P, como quema de archivo.

“Ambas aseveraciones eran totalmente falaces. La búsqueda de la investigación no avanzó un ápice y jamás apuntó a los responsables de la extensión sojera que amenaza a las comunidades de agricultura orgánica familiar por la que luchaba Benjamín Lezcano”, aseguran obispos, sacerdotes y representantes de la Pastoral Social en la Carta dirigida al Fiscal General.

Otro de los asesinatos mencionado refiere al del dirigente comunitario Dionisio González de Alemancue- Horqueta, ultimado el 30 de marzo de 2013. “La fiscala Dora Irrazabal, como siempre ineficaz y nulo interés, confunde nombres en las ordenes de allanamientos, a pesar que el autor del crimen es muy conocidos y desplazándose libremente, presumiblemente protegido por un ministro de la Corte, según cuenta la gente del lugar”, se menciona en el documento.

Resaltan igualmente un último caso, el más reciente en Kuruzu de Hierro, es el asesinato de Francisco Denis, hecho acontecido el pasado 21 de abril del corriente año. Supuestos miembros del EPP atacaron la comisaría local. Coincidentemente con los tiroteos, pasaban vecinos de la comunidad, quienes regresaban de Azote’y a donde habían acudido para sufragar en las elecciones nacionales. “La policía abatió a tiros a don Francisco y arrestó a sus acompañantes, Isabelino Riveros y Mario Denis, todos absolutamente inocentes”, refiere textualmente.

La Iglesia Diocesana, ante estos hechos, exige la urgente aclaración de los sucesos criminales, el castigo a los culpables, resarcimiento a las víctimas y sus familiares así como la liberación de los detenidos injustamente.

También exhorta a los gobernantes a implementar medidas que detengan la expansión sojera que amenaza con hacer desaparecer colonias y comunidades tradicionales campesinas la región norte del país.

Finalmente la Diócesis de Concepción exige al Ministerio Público justicia pronta y barata para los más pobres y excluidos.

La nota lleva la firma de Monseñor Zacarías Ortiz, obispo y de Monseñor Pablito Cáceres, Vicario General de la Diócesis de Concepción como también de Monseñor Oscar Páez Garcete y Benjamín Valiente Duarte, responsable de la Pastoral Social.


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