Organización campesina repudia desalojo violento de sin tierras en Paraguay

16 01 2014

ImagenLa Organización de Lucha por la Tierra (OLT), emitió un comunicado por el cual repudia el violento desalojo de un grupo de campesinos en el distrito de Capiibary, del departamento de San Pedro.

La OLT solicita la inmediata libertad de los campesinos detenidos y el procesamiento de los responsables de las torturas y violencia contra las mujeres, niños y niñas de las familias campesinas. Igualmente exige el cese de los desalojos.

A continuación el texto completo del documento.

La  Organización de Lucha por la Tierra (OLT) se dirige a la opinión pública nacional e internacional para  manifestar los siguientes:

1.     Repudiamos el desalojo violento contra las familias campesinas de la Comisión vecinal sin tierra Añaretangue, del distrito de Capiibary, Departamento de San Pedro. Y, manifestamos nuestra solidaridad con la lucha de los varones y mujeres de esta  ocupación, quienes hoy están  siendo pisoteados y pisoteadas en sus Derechos básicos y además criminalizados. Estos compatriotas luchadores y luchadoras que ayer resistieron en la defensa de sus tierras y los cultivos de alimentos que tenían en el lugar, de las cuales fueron despojados de manera violenta, donde fueron aprehendidos ocho personas y torturados varias otras, hospitalizados en la ciudad de San Estanislao.

2.    Solicitamos la inmediata libertad de los compañeros detenidos y el procesamiento a los responsables de las torturas y violencia contra las mujeres, niños y niñas de esta comunidad.

3.     Exigimos el cese de los desalojos de las familias campesinas de sus comunidades y la inmediata solución a los problemas de tierras en nuestro país.

4.     Por último, hacemos un llamado a todas las organizaciones campesinas, organizaciones sociales y populares a repudiar estos hechos de expulsión violenta de familas campesinas de sus tierras, para instalar agronegocios y profundizar la criminalización de las luchas legítimas del sector campesino.

Villa Elisa, 16 de enero de 2014

Dirección Nacional OLT

“No más tierras en pocas manos, ni muchas manos sin tierras”

“Por la recuperación y defensa del territorio campesino, para la Soberanía Alimentaria”

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Paraguay: En desalojo a campesinos/as en Capi’ibary, el propio comisario fue uno de los más violentos

3 04 2012

Unos 27 campesinos y campesinas del asentamiento “26 de febrero” de Capi’ibary, San Pedro (hacia el norte de Asunción, capital del País), entre ellos 4 estudiantes de 15 y 16 años, siguen detenidos/as 24 horas después de ser desalojados de la Estancia La Reina, denunciaron los afectados/as. Un niño de 5 años se habría perdido durante el procedimiento, cuando la policía entró violentamente a la casa y se llevó a sus padres.

Antecedentes

Las familias del asentamiento “26 de febrero” decidieron ocupar hace casi un mes la estancia La Reina, separada tan sólo por una calle. El conflicto data de 2003 y las familias quieren hacer respetar su derecho a vivir en un ambiente saludable y acceder a un pedazo de tierra.

El establecimiento tiene unas 4 mil hectáreas, donde se producen los cultivos mecanizados de soja, y el rubro rotativo de maíz, con permanentes fumigaciones que afectan al asentamiento campesino. Pertenece, al parecer, al ciudadano brasileño Omar Mueller, que arrienda a su vez a su compatriota Celso Ferreira do Santos.

El año pasado inclusive se registraron fumigaciones aéreas, lo que motivó una denuncia formal de los vecinos ante la Secretaría del Ambiente (SEAM) y del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE). Ambas instituciones enviaron sus fiscalizadores y aparentemente las denuncias siguen varadas en los departamentos jurídicos de ambas instituciones, según explicó el dirigente campesino Milciades Quintana.

La estancia estaría violando las normas fitosanitarias que establece la ley 3742/09 de agroquímicos, al no contar con barreras vegetales de protección ni con los 100 metros libres de cultivo mecanizado ante caminos y poblados. Los cultivos llegan hasta el borde de la calle, denuncian los campesinos y campesinas.

El referente agregó que hay tres puntos por los cuales decidieron ocupar la estancia: la degradación del medioambiente junto a los problemas de salud ocasionados por las constantes fumigaciones; la aparente condición de tierra malhabida de la superficie de la estancia, y el acaparamiento de tierras, que originalmente pertenecía a otro asentamiento campesino cercano, llamado Capi’ibary.

Desalojo

Hace 22 días las familias entraron a ocupar una franja de la estancia que reclaman, especialmente para unas 60 familias sin tierra. Se trata de un fragmento de 1000 x 4700 metros que incluye un arroyo, un río y humedales, según Quintana. La idea es obtener dichas tierras para las familias, además de frenar la degradación ambiental sobre las fuentes de agua.

Hacia las 2 de la madrugada del lunes 2 de abril, efectivos de la policía y de la policía montada se aprestaban en la estancia para efectuar el desalojo; a las 4 se llevó a cabo la operación, por lo que los/las ocupantes volvieron a su asentamiento, 26 de febrero. Sin embargo, hacia las 7 de la mañana, la policía entró violentamente al asentamiento, allanándolo casa por casa.

Según la denuncia del dirigente, a más de golpear, disparar y tirar gas lacrimógeno, los policías se robaron pertenencias de la mayoría de las casas, especialmente de las que tenían despensas.

En ese proceso, una mujer que se interpuso para que no arresten a su esposo, tuvo que esquivarse para que no le dé en el cuello un cuchillo manipulado por el propio comisario de la comisaría de Capiibary, Edulfo Vera, explicó Quintana.
Siempre según el dirigente, otra mujer también habría sido víctima del desborde del comisario, quien supuestamente le apretó con el arma ya sin el seguro, ante lo que la afectada le desafió a que dispare.

Finalmente fueron arrestados 27 campesinos/as, y cuatro menores de edad. Estos últimos quedaron demorados en la comisaría local, mientras los 23 mayores de edad fueron trasladados a la comisaría de San Estanislao, para quedar a cargo del juzgado. Entre los trasladados se encuentra el comunicador Vicente Portillo, del Colectivo Audiovisual CLIP, que filmaba el desalojo, y a quien le retuvieron su filmadora y su cinta.

Durante el desalojo, del susto, un niño de apenas 5 años, se perdió, luego de huir de su casa en momentos en que la policía la allanaba y detenía a sus padres. Hasta la mañana del martes, la policía seguía en el lugar, a modo de amedrentamiento, según Quintana.

Fuente: BASE IS





Orden de desalojo en San Rafael del Paraná

7 07 2010

Sesenta y dos familias fueron notificadas para desalojar sus respectivas propiedades después de 20 años de ocupación. Impulsa la demanda la familia Zavala.

Esto según informó desde la Radio Comunitaria “Arandu” de Natalio, departamento de Itapúa Candido Ortiz.

Fue durante el programa “La Ronda de los Pueblos” de la 1300 AM Radio Fe y Alegría Paraguay

Escuche Audio:

http://www.ivoox.com/ronda-pueblos-audios-mp3_rf_321467_1.html





Desalojo campesino en Paraguay

22 06 2010

En el departamento de Canindeju denuncian desalojo de familias campesinas que ocupaban una propiedad desde hace10 años. Se trata de los ocupantes de la Colonia Florida, uno delos asentamientos favorecidos por la CEPRA (Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria).

El supuesto dueño no presentó el título de propiedad. Con policias y fiscales, la semana pasada desalojó a familias humildes, destruyendo sus casas, según manifestó Brígido Roman del Movimiento de Recuperación de Curuguaty. Fue durante el programa “La Ronda de los Pueblos” de la 1300 AM Radio Fe y Alegría junto con las Radios Comunitarias.

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http://www.ivoox.com/desalojo-campesino-audios-mp3_rf_310746_1.html

Por su parte Fabio Encina, encargado del INDERT en el departamento de Canindejú manifestó que ante la oposición de la fiscalía no se llega a definir la situación de los ocupantes del asentamiento Florida.

Escuche Audio:

http://www.ivoox.com/en-paraguay-responsabilizan-a-fiscalia-desalojo-audios-mp3_rf_310750_1.html





Conforman una comisión para evitar desalojo masivo

23 02 2010

Unas 400 familias de paraguayos y brasileros, asentadas en la colonia Marangatu, ubicada en el departamento de Canindeyú, conformaron una comisión para accionar contra el supuesto propietario de las tierras ocupadas, que ya consiguió desalojar a 5 familias y amenaza con echar a más personas del lugar.

Ocho representantes de la comisión se trasladaron ayer a la capital para reunirse con el titular del Indert, Alberto Alderete, para buscar una solución a la problemática que afecta a las familias asentadas en la colonia hace más de 35 años.

De acuerdo a los antecedentes en el año 1966 la institución estatal de esa época donó las hectáreas para los campesinos sin tierras.

Los campesinos están siendo amenazados por Jean Lucas Torlon, un francés radicado en nuestro país, que se presenta como el dueño de los terrenos. La orden judicial esta promovida a través del Abogado Robert Lequizamón Cabrera.

Las 5 familias fueron desalojadas, a través de una orden judicial, quemaron sus ranchos, se quedaron con sus animales y otras pertenencias. Ubicaron guardias armados para resguardar parte de los lotes.

La colonia Marangatu tiene 27 mil hectáreas de tierras y allí están distribuidos varios asentamientos.

Así lo reportó Fausto Coronel de la Radio Comunitaria “Nueva Esperanza” en enlace con 1300 AM Radio Fe y Alegría Paraguay.





Sin tierra en Paraguay, sin techo en Argentina

9 11 2009

El 2 de noviembre, a las seis de la mañana, los policías irrumpieron en el asentamiento “La Gloria” del barrio 25 de Mayo del Municipio de Moreno, Provincia de Buenos Aires, para un violento desalojo que afectó a unas 130 familias entre las cuales se encontraban una mayoría de paraguayos.

Hoy, una parte de las familias afectadas se encuentran hacinadas bajo carpa en una plaza con las pocas pertenencias que pudieron rescatar. El resto de los afectados recibió la solidaridad de los vecinos al permitirles asentarse provisoriamente en otros terrenos baldíos, en las cercanías del barrio. Todas las familias se encuentran en una situación de extrema precariedad: sin agua, sin luz, sin baños. Algunos han perdido sus trabajos por intentar conservar lo poco que poseían.

Según los afectados, no hubo advertencia de desalojo y además, la policía procedió con una violencia inusual, pues quienes estaban en las casas eran niños y mujeres. Las autoridades policiales procedieron a destrozar y quemar las casas para evitar la reocupación.

“Vinieron a las siete de la mañana, con perros, caballos como si fuera que estaban en la guerra. Vinieron a esa hora porque sabían que los padres, ni los mayores estaban en casa porque todos trabajan; estaban todos los menores de edad durmiendo. Yo vine a las diez de la mañana y casi no me dejaron pasar para ver a mis hijos, mi marido vino a socorrerlos porque estaban muy asustados, estaban con los chicos y las cosas tiradas en la calle, mientras ellos tiraban las puertas a patadas”, relató Blanca Méndez, una paraguaya quien, desplazada de su país, sobrevive con su familia en la pelea por un techo en la Argentina.

La mayoría de los paraguayos que emigran a la Argentina son de origen campesino; y en los últimos tiempos, se habla de “expulsión porque es innegable la descampesinización producida por la concentración de tierras en manos de unos pocos, la ausencia de producciones intensivas, el monocultivo- de la soja- la postergación de la población rural que se ve obligada a desplazarse hacia otros lugares para poder sobrevivir” 1

Hace unos ocho meses, Blanca y su marido, de profesión albañil, decidieron jugarse por un futuro en estas tierras, pues sabían que las condiciones no estaban dadas para volver a Paraguay y además, querían evitar exponer a sus hijos a un desarraigo como lo que ellos vivenciaron al venir a la Argentina. Dejaron la casa de alquiler que rentaban, vendieron el auto e invirtieron todos sus ahorros en la construcción de su vivienda en “La Gloria”. Hoy, aquella casa se encuentra en ruinas. Los ladrillos fueron saqueados y sus pocas cosas están a la intemperie.

SIN SOLUCIÓN A CORTO PLAZO

Victoria Svedlick, de la dependencia de Acción Social de la Municipalidad de Moreno visitó a las familias afectadas este viernes para proponer las alternativas para una solución a la situación. La funcionaria explicó a APE que “una de las propuestas es un proyecto de negociación con el dueño del terreno para la compra de un sector del terreno, pero la condición que puso el dueño para la negociación es que la gente no estuviera en el predio. Sin embargo, esta propuesta nos va a llevar tiempo y para las personas que no pudieran permanecer en la casa de algún familiar, amigo o vecino tenemos la propuesta de reubicarlos en un predio en el cuartel quinto”

La primera propuesta fue rechazada unánimemente por las familias ya que no están en condiciones de dispersarse y necesitan resguardar sus pertenencias. La segunda propuesta, la de re-ubicación en un predio en el Cuartel Quinto, también fue rechazada pues ese lugar no tiene red de agua potable, tendido eléctrico, ni caminos. Está alejado del casco urbano y con difícil acceso al transporte, lo que perjudicaría a los trabajadores y a los niños en edad escolar. Muchas de personas ya quedaron sin trabajo por quedar en la carpa a cuidar lo poco que tenían.

 

Por Soledad Ayala -Redacción APE Agencia De Periodistas Paraguayos en el Exterior





Aparece nueva orden para desalojar a indigenas de Itakyry

4 11 2009

Ayer mientras los Obispos del Paraguay daban a conocer un comunicado a las autoridades y a la ciudadanía por el cual se adherían y apoyaban a las comunidades indígenas de Itakyry contra un posible desalojo, desde la Fiscalía de Minga Porä a cargo de la abogada María Raquel Fernández igualmente salía una nueva orden con el fin de desalojar a los nativos.

Así lo informó la hermana Raquel Peralta de la Coordinación de Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Fue esta mañana en diálogo con la 1300 AM Radio Fe y Alegría Paraguay.

“Para su verguenza apareció una nueva orden desalojo” dijo la religiosa refiriéndose a la senadora Ana María Mendoza de Acha del Partido Patria Querida, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, quien exige desalojar a los indigenas de sus territorios ancestrales a pesar de resoluciones judiciales que protegen los derechos de los nativos.

Cabe recordar que son 130 familias indigenas divididas en cinco comunidades que habitan la propiedad de 2700 hectáreas del departamento del Alto Paraná. Son tierras ancestrales adquiridas por el INDI y que ahora bajo el amparo ilegítimo de autoridades del Ministerio Público de la zona y algunos políticos se busca por todos los medios desalojar los indigenas.

Escuche Audio: